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TEME POR SU INTEGRIDAD FÍSICA SÍNDICA DE SAN JUAN HUACTZINCO

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Jul 17, 2019

TL/ Tlaxcala, Tlax, a 17 de julio 2019.- La síndica municipal de San Juan Huactzinco, Maribel Muñoz  Ramírez hizo responsable este día al presidente municipal Alfredo Valencia Muñoz  por lo que le pueda ocurrir a ella y a su familia, luego de la serie de acciones de que ha sido objeto por señalar  irregularidades que mantienen  al municipio con un déficit de 3.3 millones de pesos,  según el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

Durante una conferencia de prensa Muñoz Ramírez,  narró que luego de no firmar la cuenta pública desde agosto de 2017,   tras detectar irregularidades dentro de la misma,  ha sufrido violencia  por parte del alcalde y regidores que no le permiten desempeñar sus funciones.

“La violencia se ha acrecentado contra mi persona al grado que he recibido amenazas de muerte en el facebook  del hijo del presidente municipal”, la policía me sigue y me vigila”, expuso.

Acompañada de su representante legal y representante de síndicos en el estado, dijo que la violencia ha crecido tanto que es necesario en los cabildos la presencia de un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh) quien también en el 2018 dictó medidas cautelares al alcalde,  que a la fecha no han sido cumplidas.

Señaló que incluso el presidente municipal ya presenta una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado  (Pgje) luego de amenazarla de la posibilidad de no terminar el periodo administrativo.

Aunado a lo anterior,  acusó que es objeto  de violencia económica porque a partir del 1ro de junio le fue retirada su percepción económica, misma que ya había sido reducida a lo que perciben los regidores cuya cantidad es de 8 mil 841 pesos de manera quincenal. A la fecha el municipio le adeuda alrededor de 130 mil pesos, situación que ya es del conocimiento el Tribunal Estatal Electoral (TET).

Finalmente,  dijo que tras esta situación,  ha recurrido al congreso local con la solicitud de revocación de mandato del alcalde por usurpación de funciones e integrar dos actas de cabildo apócrifas, además del pago de un laudo laboral por 592 mil pesos.

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